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¿Abaratar el despido es una solución?

Unos de los temas que más se está tratando estos últimos días a consecuencia de la crisis económica que está sufriendo España es el abaratamiento del despido.
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha pedido la urgente eliminación de las indemnizaciones que pagan las empresas a los trabajadores que despide. En su opinión, estos recursos deberían dedicarse a inversiones y a incrementar la productividad. Afirmó que es necesario aprender del modelo de Dinamarca y Austria. Por otro lado, el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, ha abierto la caja de los truenos al plantear el abaratamiento del despido en España como fórmula para salir de la crisis. Ha sugerido a los sindicatos “desjudicializar” el despido improcedente y equipararlo al procedente con una indemnización de veinte días por año trabajado. Este posicionamiento supone un claro enfrentamiento con las pretensiones de CC.OO. y UGT, que han amenazado con una huelga general en el caso en que el Gobierno afronte reformas laborales unilaterales. El debate está abierto, aunque el propio presidente del Gobierno haya descartado que el despido se vaya a abaratar en nuestro país.

Supongo que os preguntaréis cuál es el modelo danés y austriaco que nos propone el gobernador del Banco de España, pues bien:

El modelo danés se basa en una indemnización por despido muy baja por parte de la empresa y en un Estado muy potente que ofrece una prestación por desempleo muy elevada, da una formación fuerte mientras el trabajador está parado y le facilita el cambio a un nuevo puesto y los trabajadores, por lo tanto, tienen una gran movilidad laboral. Un tercio de los daneses cambia de empleo cada año. Por supuesto, para sufragar los costes que genera al Estado, Dinamarca tiene unos impuestos muy elevados lo que supone una dificultad para trasladar el sistema a España.

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El modelo austriaco se basa en la creación de un fondo para cada trabajador al que la empresa aporta cantidades periódicas y, cuando se queda en paro, puede cobrar al estilo de un fondo de pensiones. Da igual que se cambie de compañía, se lleva el fondo a la nueva, que sigue aportando cantidades y, en caso de que el empleado no sea despedido, lo cobrará cuando se jubile. Este sistema sería aplicable en España y ayudaría a fomentar la movilidad, pero supondría un mayor coste para el trabajador que llevaría a una merma de su salario y, por lo tanto, de su capacidad adquisitiva, tenemos que tener en cuenta que los salarios en Austria son más elevados que en nuestro país.

Por otro lado, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha insistido en varias ocasiones en que el Gobierno no aceptará el abaratamiento del despido.

Por lo tanto, actualmente estamos en un proceso de diálogo social abierto entre sindicatos, empresarios y el Gobierno, que espero que lleguen a un acuerdo que sea positivo para ayudar al mercado laboral.

Obviamente, el mercado laboral sí necesita una reforma pero no creo que el abaratamiento del despido suponga una vía para salir de la crisis, ya que la flexibilidad en el despido es una realidad teniendo en cuenta que la lista del paro ha engrosado más de 1,5 millón de trabajadores. En mi opinión la reforma debería encaminarse no tanto a rebajar el coste del despido, sino el coste del empleo, lo que implicaría recortar las cotizaciones sociales. Por otro lado, creo necesario combatir la alta temporalidad de empleo en España y favorecer una mayor formación continua en los trabajadores.

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En conclusión, se adopten las medidas que se adopten, lo que no debe olvidarse es la necesidad de crear estabilidad y asegurar la continuidad del bienestar social.

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2 Respuestas

  • El problema de cualquier reforma es el periodo de transición. Aplicar el sistema danés a España sería inviable hoy por hoy dado que con cuatro millones de personas en el paro, elevar las prestaciones por desempleo llevaría a España a la quiebra. Dinamarca se lo puede permitir porque el nivel de paro es muy bajo. El sistema austriaco tiene muchas ventajas, pero con el problema de que generaría una elevación de las cuotas que pagan los empresarios por el trabajador, encareciendo el coste del factor trabajo.

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