La deuda pública española es de 1,082 billones de euros es decir el 98,6% del PIB. Ello supone que cada español debemos 23.332 euros, casi un 5 % más que el año pasado.
Siempre hay alguien que está peor: Grecia tiene una deuda que llega casi al 200 % del PIB o Italia al 135 %. Pero no nos miremos en ellos sino en otros como Estonia, con una deuda pública del 10 % del PIB.
Una deuda pública alta es una pesada mochila que cargan los Estados y, por lo tanto, sus ciudadanos y empresas, porque hay que pagar los intereses de esa deuda, además de ir amortizándola, es decir, devolviendo el dinero a quien en su momento lo prestó.
Magaret Tacher dijo una frase sabia:
El Estado no tiene más dinero que el dinero que las personas ganan por sí mismas y para sí mismas. Si el Estado quiere gastar más dinero, sólo puede hacerlo endeudando tus ahorros o aumentando tus impuestos. No es correcto pensar que alguien lo pagará. Ese “alguien” eres “tú”. No hay “dinero público”, sólo hay “dinero de los contribuyentes”.
El Estado ingresa entre otras cosas con nuestros impuestos y con ello paga los gastos sociales y el resto necesario para mantener la economía del bienestar.
También se podría financiar mediante la emisión de dinero, pero esto no se puede hacer indefinidamente y además, en el caso de los países miembros de la unión monetaria, esta competencia está delegada al Banco Central Europeo y ya no existe.
Deuda pública española y tipos de gastos
Simplificando, hay dos tipos de gastos: gastos corrientes y gastos de inversión. El gasto corriente es el destinado al consumo, como nóminas de los trabajadores públicos o pensiones o subvenciones y otros gastos necesarios para realizar la función pública; son gastos que se realizan y se consumen en un momento dado. Por otro lado está el gasto de inversión, que es el destinado a adquirir, ampliar, conservar o mejorar los bienes públicos, como por ejemplo infraestructuras, los cuales no se consumen en el momento, sino que permanecen en el tiempo.
Por supuesto que nos gustaría que el Estado cubriera con bienes y servicios gratuitos y de calidad la mayor parte de nuestras necesidades y tener los mejores bienes de capital, todo ello financiado por el sector público, pero esto no es posible, porque implicaría una carga fiscal inasumible por la población y por las empresas o exigiría un Estado sumamente rico y con enormes reservas de dinero, que no es el caso.
Simplificando la economía, no es muy diferente la económica pública de los Estados y las comunidades autónomas a la economía de las familias, de las empresas o de las personas. Todo se soporta en entradas y salidas de fondos, ¨si gastas más de lo que ingresas, tendrás déficit¨ y esto no es sostenible eternamente.¨Si ingresas más de lo que gastas, irás generando ahorros¨ para cuando vengan las ¨vacas flacas¨ o para hacer gastos extras como grandes inversiones en infraestructuras, por ejemplo.
El caso de España: Seguridad Social para pagar las pensiones
Al igual que en la economía familiar parece sabio ir generando algo de remanente o ahorro para cuando los tiempos vienen duros, por ejemplo, en el caso de España, estamos usando la hucha de la seguridad social para hacer frente al pago de las pensiones actuales.
El Estado se financia con los impuestos que pagamos tanto las personas como las empresas, además de otros fondos que le llegan de organismos internacionales. Cuando ingresamos en la Unión Europea , hace 30 años, pertenecíamos al grupo de los países menos avanzados de la UE y por ello fuimos beneficiarios de fondos de cohesión que nos permitieron financiar grandes obras en infraestructuras, como la actual red de autovías o la red ferroviaria. Ahora han ingresado en la UE otros ¨países pobres¨ que están percibiendo un mayor número de ayudas que nosotros actualmente, lo cual nos ha llevado a tener que reducir nuestra inversión en obra pública.
La comunidad europea no es que tenga fobia a España cuando la dice que si incumple objetivos de déficit nos tendrá que sancionar. Con estas medidas y controles está velando por la salud de nuestra economía, la de un Estado llamado España pero realmente esta ocupándose por la salud financiera de cada uno de los españoles, que somos al final quienes estamos financiando el gasto público incluido los intereses y la amortización de la deuda pública española.
Necesidad de administrar con prudencia
Pero no solo necesitamos a “papá UE” que nos ponga límites, sino también y sobre todo, debemos tener políticos sensatos que sepan administrar con prudencia, cubriendo las necesidades de quien lo necesita, pero sin que ello suponga endeudar a todos los españoles aun más o incrementar la presión fiscal hasta límites que sean desmotivadores para trabajar o para generar riqueza y beneficio.
Cuando menos, sería necesario que todos los partidos estuvieran de acuerdo en cumplir con los objetivos de déficit y con reducir gradualmente la deuda pública española, de forma que el debate político se articulara en torno a las diferentes combinaciones de ingresos y gastos públicos que hicieran posible alcanzar esos objetivos. Esas combinaciones son numerosas y dejan un amplio campo para que las diferencias de los partidos y las preferencias de los electores se manifiesten.
En todo caso, ni los impuestos ni las subvenciones o ayudas públicas deben ser tan altos como para que desmotiven para trabajar porque estaríamos poniendo en riesgo la economía. Por ello, insisto en la necesidad de sensatez por parte de los Estados y por ende de los políticos que es quien gestiona los fondos públicos y la deuda pública, tanto para gastar como para ingresar con rigor y cabeza, conscientes de las consecuencias que tiene sus decisiones.
Hablando solo de economía, para que un país prospere se necesita, entre otras cosas una buena administración de ingresos y de gastos, ya que como muy bien decía Winston Churchill:
Una nación que intente prosperar a base de impuestos es como un hombre con los pies en un cubo tratando de levantase estirando del asa¨.
Ana Cabezas, Asesora de la Presidencia en INACAL y Directora del Master en Finanzas de IMF Business School
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