Qu\u00e9 sucede con la acci\u00f3n civil<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\nCuando se perpetra un delito se produce un da\u00f1o o menoscabo<\/strong> que puede ser material o no. A eso le podemos agregar los perjuicios y da\u00f1os morales que afectan a los sufridos del acto delictivo e incluso a terceros. Por ello nuestro ordenamiento habilita a la jurisdicci\u00f3n penal <\/strong>para establecer estos da\u00f1os. Es decir, imponer su resarcimiento a la parte afectada. Esto se hace bas\u00e1ndose en el principio de que todo responsable penal lo es tambi\u00e9n civilmente<\/strong>.<\/p>\nDe esta forma, atiende, un objetivo de econom\u00eda procesal <\/strong>encaminado a reducir los costes y los tiempos en los litigios. Procurando una sentencia en la que se resuelva todo el conjunto de responsabilidades sin que queden posibles flecos.<\/p>\nSin embargo, no es este un procedimiento autom\u00e1tico<\/strong>. El afectado puede reservarse la acci\u00f3n civil<\/strong> y rechazar el establecimiento de estos da\u00f1os resarcibles desde el procedimiento penal. Logrando emprender un procedimiento posterior en la jurisdicci\u00f3n civil. De no ser as\u00ed, el juez penal tendr\u00e1 la obligaci\u00f3n de decidir sobre estos da\u00f1os y perjuicios.<\/p>\nPara que dimane del hecho delictivo una responsabilidad civil <\/strong>susceptible de ser reclamada. No basta con que se cometa un acto punible. Sino, se deben producir da\u00f1os materiales o perjuicios morales que no se hubiesen generado sin su existencia.<\/p>\nEn el proceso se habr\u00e1n de aportar las pruebas y justificantes <\/strong>que permitan determinar con precisi\u00f3n la cuant\u00eda de la indemnizaci\u00f3n que corresponda.<\/p>\nPero la discrecionalidad del juez para fijar la cuant\u00eda de las indemnizaciones <\/strong>no es absoluta. Se encuentra limitada al no poder exceder, en ning\u00fan caso, las cantidades reclamadas por parte de las acusaciones.<\/p>\n