La Ley Org\u00e1nica 5\/2010<\/strong>, de Reforma del C\u00f3digo Penal espa\u00f1ol supuso \u2013 mas all\u00e1 de las modificaciones realizadas al texto legal \u2013 un cambio en una de las m\u00e1ximas m\u00e1s s\u00f3lidamente establecidas en nuestro ordenamiento jur\u00eddico: \u201csocietas delinquere non potest<\/em>\u201d.<\/p>\n Hasta ese momento, todas las sociedades mercantiles en mayor o menor medida, disfrutaban de programas de cumplimiento que se enmarcaban decididamente en el \u00e1mbito de una responsabilidad social corporativa<\/strong> o Compliance<\/strong> pero que no encontraban motivo para preocuparse de la comisi\u00f3n de posibles delitos o, cuanto menos, de que en caso de producirse pudieran afectarle m\u00e1s all\u00e1 de un da\u00f1o reputacional<\/strong>, ineludiblemente ligado a la potencial responsabilidad penal individual del o de los causantes.<\/p>\n<\/span>El Tribunal Supremo en la Responsabilidad Social Corporativa<\/span><\/h2>