Actualmente, en España, se encuentra sobre la mesa la modificación del Real Decreto 208/2005 , el cual establece diversos lineamientos a seguir sobre el tratamiento de los equipos y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) una vez que los mismos hayan cumplido su vida útil. Durante los 9 años en los que este Real Decreto ha estado vigente todo el espectro de gestión de este tipo de residuos se ha transformado tanto en su esquema organizativo como incluso en la mejora de los procesos de gestión, que ha hecho que lo que antes costaba dinero reciclar ahora sea rentable hacerlo. Además la Directiva 2002/96/CE en la que se basaba dicho RD ha sido sustituida hace dos años por la nueva Directiva 2012/19/UE.
Esto ha obligado a que en toda Europa se estén dando procesos de modernización de la legislación nacional que se pongan a la altura del propio sistema.
La nueva propuesta sobre los RAEE busca mejorar los pasos a seguir a lo largo de todo el proceso, haciendo énfasis en puntos importantes como:
- la trazabilidad para la distribución
- el involucrar al productor en la financiación del procesamiento de todos los equipos que lleguen a los diversos puntos de recogida
- el desarrollo de criterios homogéneos de autorización y procesos para toda España, entre otros.
Sin embargo, con esta nueva propuesta también se está incrementando la cantidad de pasos administrativos que las empresas y entidades deben seguir al tratar con estos elementos, situación que traería como consecuencia la disminución de la eficiencia y afectaría los resultados de la empresas que trabajan y cumplen día tras día la normativa establecida.
Es importante considerar que gran cantidad de las organizaciones que se encargan de realizar estas labores son PYMES, y que las mismas se podrían ver sumamente afectadas con acciones como la exigencia de la certificación ISO 9000 e ISO 14000, ya sea por los costes o diversos pasos que estas implican. Es lógico saber que para mejorar algunos puntos es importante la inclusión de nuevos pasos, sin embargo se debe analizar bien dónde son o no necesarios.
Por otro lado, se debe hacer mención de los operadores ilegales que hoy día trabajan sin autorización con los RAEE, ya que para que se pueda cumplir el objetivo del Real Decreto, el cual va de la mano con la disminución de las consecuencias medioambientales producidas por los residuos eléctricos y electrónicos, es necesario desarrollar una estrategia con el fin de disminuir el porcentaje de empresas que no siguen los procesos de seguridad y calidad establecidos.
La simplificación de los pasos administrativos y la disminución de plantas ilegales son luchas que se deben asumir, ya que son acciones que beneficiarán a las empresas del sector, a la comunidad y al medio ambiente.
En cuanto el nuevo Real Decreto vea la luz en las próximas semanas avisaremos puntualmente ello.
