Novedades legislativas en el sector energético

El pasado 6 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-Ley 15/2018 de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores. En este artículo se van a comentar las principales novedades legislativas en el sector energético que se recogen en el mismo.

Medidas de protección de los consumidores

Protección los más vulnerables

Se incrementan los límites de energía anual a los que se tiene derecho a descuento a través del bono social. Se añade más flexibilidad de uso a lo largo del año para adecuar los consumos a los momentos más fríos.

Lucha contra la pobreza energética

Por lo que se refiere a la pobreza energética, se incrementan las circunstancias especiales para acceder al bono social, tal es el caso de las familias monoparentales.

Bono social para usos térmicos

Se hace con la idea de aligerar la carga económica que supone el consumo de calefacción, agua caliente o cocina. Podrán acogerse a él las personas que tengan derecho al bono social de electricidad. Se distribuirá en función de las zonas geográficas de España.

De aquí surge el compromiso de aprobar una Estrategia Nacional de Lucha contra la Pobreza Energética. Se hará en un plazo inferior a seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-Ley.

Reducción de factura

Introduce medidas dirigidas a incrementar la protección de los consumidores eléctricos para optimizar la contratación y reducir su factura.

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Se obliga a las comercializadoras de referencia a informar a sus clientes que tengan contratado el precio voluntario al pequeño consumidor (PVPC), de los ahorros que se conseguirían en el caso de tener contratadas discriminaciones horarios en sus contratos.

Para ello enviarán los modelos correspondientes en cada caso comparando la facturación real con la que tendrían cambiando. Para el caso de los consumidores, se prohíbe la venta “puerta a puerta”.

Autoconsumo

Entre las novedades legislativas en el sector energético hay novedades como incentivar el autoconsumo en renovables. Se reconoce el derecho de autoconsumir la energía eléctrica que se produce sin cargo alguno, así como el autoconsumir de manera compartida por parte de uno o varios consumidores con la idea de aprovechar las economías de escala, y se reducen las trabas burocráticas que hasta el momento existían especialmente para las instalaciones de pequeña potencia.

Modelo descarbonizado

En un último bloque se recogen medidas para acelerar la transición hacia un modelo energético descarbonizado. Se facilitará la entrada de electricidad procedente de las instalaciones renovables de las últimas subastas. Esto posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de 9.000 MW de potencia. El objetivo es cumplir con las obligaciones contraídas en política energética: tener un 20% de energía final renovable en 2020.

Movilidad sostenible

Por lo que respecta a la movilidad sostenible, se elimina la figura del gestor de carga que viene recogida en la Ley del Sector Eléctrico. Se cree que con esta medida se puedan alcanzar los objetivos recogidos en la Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas (VEA) en España 2014-2020.

Cambios fiscales

Finalmente, como no podía ser de otro modo, se recogen también cambios fiscales. El objetivo es moderar los precios de la electricidad en el mercado mayorista, dada la escalada alcista de precios reciente.

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Se exonera del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica a la electricidad producida e incorporada al sistema en los próximos seis meses. Asimismo, se modifica la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales, con la idea de incorporar una exención en el Impuesto sobre Hidrocarburos. Se aplica a los productos energéticos destinados a la producción de electricidad en centrales eléctricas. También a la producción de electricidad o a la cogeneración de electricidad y calor.

Esta medida va destinada a las centrales de ciclos combinados para eliminar el efecto multiplicador que supone, abaratando la electricidad. Además se establece un mandato para revisar los parámetros retributivos de las instalaciones de producción eléctrica desde fuentes renovables, cogeneración y residuos.

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