Desde luego que el Gobierno de España se encuentra “un poco descentrado” en materia de energía es un secreto a voces, más aun a la vista de las últimas normativas publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
A finales del año 2012, bajo la fórmula de Real Decreto-Ley, que tanto utiliza el Gobierno de Rajoy, se aprobó el RD-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. En el Capítulo III se exponen una serie de medidas para el sector eléctrico y el de hidrocarburos, como la inaplicación del régimen económico primado para las instalaciones de generación de régimen especial no finalizadas con anterioridad al plazo límite o con equipos no previstos en el proyecto de ejecución. Asimismo, en la Disposición final cuarta, se modifica en parte la Ley 54/1997 del sector eléctrico, concretamente en lo que tiene que ver con el déficit de tarifa.
El último viernes de diciembre de 2012, se publicó también la Ley 15/2012 de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, que tiene como objetivo “armonizar el sistema fiscal español con un uso más eficiente y respetuoso con el medioambiente y la sostenibilidad”, tal y como se expone en el preámbulo correspondiente.
Regula tres nuevos impuestos: el impuesto sobre el valor de la producción de energía la energía eléctrica, el impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos resultantes de la generación de energía nucleoeléctrica y el impuesto sobre el almacenamiento de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos en instalaciones centralizadas.
Asimismo se crea un canon por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, se modifican los tipos impositivos establecidos para el gas natural y el carbón, suprimiéndose además las exenciones previstas para los productos energéticos utilizados en la producción de energía eléctrica y en la cogeneración de electricidad y calor útil.
En el primer Consejo de Ministros del mes de febrero, se aprobó también el RD-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero. En el preámbulo del mismo, se afirma de manera sorprendente, y que conviene apuntar, que se han generado “desviaciones en las estimaciones de costes e ingresos motivados por distintos factores, que, en el contexto económico actual, harían casi inviable la cobertura de los mismos con cargo a los peajes eléctricos y a las partidas previstas provenientes de los Presupuestos Generales del Estado.
Estas desviaciones se deben en gran medida a un mayor crecimiento del coste del régimen especial por un incremento en las horas de funcionamiento superior a las previstas y por un incremento de los valores retributivos por su indexación a la cotización del Brent, y a una minoración de los ingresos por peajes por una caída de la demanda.
La alternativa que se plantea sería un nuevo incremento de los peajes de acceso que pagan los consumidores eléctricos. Esta medida afectaría de manera directa a las economías domésticas y a la competitividad de las empresas, ambas en una delicada situación dada la actual coyuntura económica. Ante este escenario, el Gobierno ha considerado para paliar este problema la adopción de determinadas medidas urgentes de reducción de costes que eviten la asunción de un nuevo esfuerzo por parte de los consumidores, contribuyendo a que estos, mediante el consumo y la inversión, puedan colaborar también a la recuperación económica.”
Las dos medidas más importantes son la eliminación de la prima a la producción eléctrica renovable, por lo que se tiene la opción del pool eléctrico únicamente (según como se encuentre en cada momento), y de la tarifa regulada, pero cuya actualización se llevará a cabo a través del Índice de Precios de Consumo a impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. En ambos casos las medidas son aplicables desde el 1 de enero de 2013. Asimismo, el Ministerio de Industria solicitará al de Hacienda un crédito de 2.200 millones para pagar primas a las energías renovables, en caso que fuera necesario, a soportar por todos los contribuyentes a través de los Presupuestos Generales del Estado, cuando realmente debería estar soportado por las compañías eléctricas.
Por todo ello, sólo hay un sector que sale tremendamente beneficiado, y que se encuentra encantado de estas regulaciones, y es el de las empresas eléctricas, agrupadas en UNESA.
Por el contrario el sector renovable, mucho más atomizado, está viendo incluso la posibilidad de que se destruya completamente un sector puntero en España, que se encontraba a la vanguardia mundial.
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