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El proyecto de Ley de Evaluación Ambiental someterá el “fracking” a evaluación ambiental

frackingEl proyecto de Ley de Evaluación Ambiental, aprobado recientemente por el Gobierno, garantizará que los próximos proyectos de “fracking” sean sometidos a evaluación de impacto ambiental para supervisar los procedimientos y evitar excesos y daños ambientales.

Anteriormente ya hablamos de la técnica de extracción de hidrocarburos mediante fractura hidráulica, o “fracking”, una técnica que se aplica a la extracción del llamado “gas no convencional” o shale gas. Recordemos que el proceso consiste en la inyección a gran presión de agua, arena y diversos productos químicos en reservas subterráneas, para fracturar las rocas y liberar así gas y petróleo. Últimamente, el “fracking” está siendo empleado con mucha frecuencia por empresas del sector energético y la industria extractiva, un hecho que ha generado todo un debate sobre el impacto ambiental y consecuencias que puede llegar a producir su uso. Los más críticos señalan que genera un alto impacto ambiental, ya que este método puede llegar a envenenar los suministros hídricos, genera muchas aguas residuales de complicada eliminación e incluso puede aumentar la actividad sísmica del suelo. Además, según un informe de la Universidad de Cornell (EE.UU.), la técnica del “fracking” puede emitir incluso más gases de efecto invernadero que la del carbón, ya que la perforación horizontal de la roca provoca grandes emisiones de metano, mucho más contaminante que el CO2.

La legislación no recogía ninguna ley para controlar y limitar su empleo en nuestro país, pero, ahora que la implantación del “fracking” parece imparable en la industria extractiva, es cuando resultaba más necesaria que nunca la aplicación de una regulación del proceso. Según el gobierno, con esta ley se clarifica que el “fracking” debe someterse a evaluación ambiental y se evita la controversia de que se inicien proyectos sin haberse sometido previamente a la evaluación. Además, se da respuesta a las complicaciones que producen la «excesivamente larga» duración de los procesos de evaluación ambiental que, más que proteger el medio ambiente, “es una dilación indebida que no debe sufrir el ciudadano y demuestra que la tramitación es ineficaz”. Por ello la ley acortará los plazos y mejorará la coordinación entre administraciones para someter con mayor eficiencia cada proyecto a evaluación ambiental.

En cuanto a los trámites de participación pública, el Gobierno considera que 45 días de información pública son suficientes para estudiar el proyecto y presentar alegaciones, así como para mantener ese derecho y preservar el del promotor, inversor o de la Administración a tener una respuesta en un tiempo «relativamente ágil» y con garantías y ha añadido que Medio Ambiente espera bajar de media un año el tiempo de respuesta a los procedimientos. También ha indicado que en la actualidad hay 840 expedientes pendientes de resolución y ha confiado en que con la nueva ley serán capaces de poner al día la regulación de estos proyectos.

Por otro lado, el secretario de Estado se ha referido a la creación de los bancos de conservación de la naturaleza, un proyecto vigente en Estados Unidos y que se plantea en Reino Unido. La idea es que los proyectos en ejecución que tengan que realizar acciones en el medio ambiente puedan asumir o utilizar actividades de mejora del entorno de administraciones o de particulares que estén en desarrollo o que no puedan acometerse por falta de financiación.

Esperemos que con esta nueva regulación se consiga la reducción de las emisiones contaminantes y los impactos medioambientales, mientras se sigue buscando una paulatina sustitución del carbón por la necesaria implantación de un modelo energético renovable.

02/05/13

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