A priori, y refiriéndonos a los peritos judiciales en general, podemos asegurar que sus responsabilidades pueden ser muy amplias. De ello se concluye que la actuación de los mismos debe de ser cuidadosa y extremadamente profesional. Es preciso recordar que una mala actuación pericial puede inducir a error a un tribunal, lo cual puede a su vez lesionar los intereses legítimos de alguna de las partes.
Si así ocurriese, la parte perjudicada tendría el derecho de denunciar al perito con el objetivo de resarcirse de los daños producidos por su mala praxis y/o sus conclusiones erradas.
Por otro lado, una actuación negligente, como no considerar los plazos improrrogables, o la no asistencia a la vista de un juicio al que está citado, resultando de ello el perjuicio a la parte que había contratado sus servicios, puede ser también motivo de exigencia de responsabilidades.
Existen tres diferentes tipos de responsabilidades exigibles a los peritos judiciales en PRL, de menor a mayor gravedad:
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Disciplinaria
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Civil y
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Penal
La responsabilidad disciplinaria:
Está relacionada con los códigos y normas de las Asociaciones Profesionales o Colegios Profesionales a los que pertenezca el perito, y su incumplimiento, podrá ser objeto de sanción. Por ejemplo, podrá ser infracción muy grave, la vulneración del secreto profesional.
La responsabilidad civil:
Como es bien sabido, se basa en el principio de que quien causa un daño a otro debe repararlo. En nuestro caso, los daños causados por un perito judicial especialista en PRL pueden ser de índole material y moral, y pueden recaer en la parte contraria, la propia, e incluso en terceros. Estamos hablando de ignorancia inexcusable, una actuación negligente, o culpa en cualquiera de los actos de realización del dictamen.
Perder o deteriorar un arnés anticaídas objeto de la prueba pericial en un caso de accidente laboral por caída de altura es un claro ejemplo del que se puede derivar este tipo de responsabilidad para el perito judicial. El art. 1101 del Código Civil es el que regularía esta responsabilidad, sobre la base del contrato entre perito y cliente.
Sin embargo, cuando hay designación judicial, y por tanto ausencia de relación contractual (y jurídica) entre el perito y las partes, la responsabilidad reclamada tendría que sostenerse entonces en el art. 1902 del Código Civil.
La responsabilidad penal:
Está relacionada con varios tipos del CP como el falso testimonio, el cohecho, o la alteración del orden público durante una audiencia y la resistencia/ desobediencia a la autoridad.
El falso testimonio (recogido en el art. 459 del CP), tiene diferentes conductas, relacionadas con faltar a la verdad de forma maliciosa. El problema de este tipo de responsabilidad suele ser la dificultad de demostrar (incluso para psicólogos expertos) y con la necesaria base científica, la falsedad por una parte, y la actuación maliciosa del perito por otra. En este segundo caso es también evidente la dificultad de separar lo malicioso, de la insuficiente capacitación o la escasa pericia en el dictamen.
También podemos encontrarnos con casos en los que simplemente hay una alteración de la verdad, incluyendo la omisión de información, unida siempre a la actuación maliciosa.
Por último, el CP, en su art. 461.1, recoge la responsabilidad del perito en los casos en que presenta un informe pericial falso a sabiendas de que lo es.
Mencionar por último, que es el art. 423 del CP el que recoge la responsabilidad por cohecho del perito que es autoridad o funcionario público.
Ramón Pérez Merlos, Coordinador Master en Peritaje Judicial y Auditoría en Prevención de Riesgos Laborales
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