Hasta ahora el Inem sólo interviene en el 3,2% de todas las colocaciones registradas en España, según los datos facilitados por el propio Servicio Público de Empleo Estatal. De un total de 1.148.103 colocaciones registradas, tan sólo 36.796 se consiguieron a través del organismo público. Esta cifra tan baja confirma la necesidad de establecer nuevas vías para reactivar el mercado laboral español y en este sentido las agencias privadas esperan colocar en ocho meses al 9% de los parados, lo que supone triplicar la tasa actual. De este modo, la colaboración público-privada prevista ahora beneficiará a la sociedad como catalizador de nuevas formas de gestión de los recursos humanos y contribuirá a mejorar las condiciones de trabajo.
El hecho de que una Empresa de Trabajo Temporal (ETT) pueda actuar como agencia de colocación era una reclamación que el sector llevaba elevando a las autoridades de Empleo muchos años. En el Real Decreto 1796/2010 del 30 de diciembre, con Valeriano Gómez como ministro de Trabajo, se introdujo por primera vez la figura de las agencias privadas de colocación.
Hoy día existen 162 autorizaciones expedidas. Sólo una ETT, Manpower, consiguió una de ellas. Pero para ello tuvo que crear una sociedad propia e independiente del negocio de empleo temporal, la fundación Manpower, para cumplir con los requisitos que Trabajo les exigía, ya que en ese momento no se admitió a las ETT como tales para formar parte de estas nuevas atribuciones.
La diferencia que introduce la reforma laboral aprobada por Real Decreto 3/2012, está en que se les reconoce por ley la posibilidad de ejercer como agencias de colocación. En concreto el texto reza que una ETT “podrá operar como agencia de colocación siempre y cuando presente una declaración responsable mediante la cual se manifieste que cumple con los requisitos establecidos en la ley 56/2003 de 13 de diciembre, de empleo, y su normativa de desarrollo”. El único requisito que se exige es que el servicio sea gratuito. En la ley a la que nos remiten se establecen otros seis. Entre ellos, respetar la intimidad y la dignidad de los trabajadores, disponer de sistemas electrónicos compatibles y complementarios con los de los servicios públicos de empleo y cumplir con las normas sobre accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Aún está por ver ese “cómo” se tramitarán las concesiones ahora. Lo que es seguro es que las ETT que se adhieran a la propuesta recibirán una subvención pública por los servicios prestados a la Administración. Aunque “esa cuantía está aún por determinar”, matiza Rivarés. En el Ministerio insisten en que “sólo se ha aprobado la atribución”.
Permitirá tener 308 empresas más a disposición de los parados.
Fuente: AGETT.
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