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Pendiente de aprobación la nueva regulación eólica

Recientemente, el Ministerio de Industria ha anunciado la nueva regulación eólica, cuya aprobación prevé antes de las elecciones del 20N y que regulará los nuevos proyectos a partir de 2013. Una vez que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) emita su informe acerca del borrador de Real Decreto, la norma queda pendiente tan sólo de la aprobación del Consejo de Estado, y Sebastían, ministro de Industria, confía en que el próximo gobierno la mantenga, así que tendremos en cuenta cualquier novedad que afecte al futuro y al empleo del master energias renovables.

Sin embargo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) y la Asociación de Promotores de Energía Eólica consideran que este Real Decreto pone en riesgo inversiones que alcanzan la cifra de 12.680 millones de euros, proyectadas hasta 2020. Según la primera, las comunidades más perjudicadas con la nueva regulación de la retribución para estos proyectos serían Castilla y León y Cataluña, con pérdidas en sus inversiones de hasta 2.000 millones de euros. Otras comunidades afectadas, en este caso porque ya cuentan con adjudicaciones de concurso para parques eólicos, son Galicia, Valencia, Canarias o Aragón. Es más: el dato que la AEE propociona según sus previsiones es alarmante, pues consideran que el decreto reducirá en un 69% la instalación de nueva potencia (porque sólo resultarán rentables los proyectos en zonas con muy buenos recursos eólicos, esto es: sólo serían rentables los parques eólicos de más de 2.800 horas de funcionamiento anual).

Por todos estos motivos, se ha solicitado por parte de estas asociaciones al Gobierno que reconsidere el borrador y lo plantee en otros términos, pero parece que la decisión del ejecutivo es irrevocable.

Algunos de los temas que se ven afectados con la nueva normal son:

  • Establecimiento de un sistema de primas variables en el tiempo para todos los megavatios que se instalen bajo el nuevo marco regulatorio. Los más críticos apuntan que esto imposibilita hacer previsiones sobre los futuros ingresos y, por lo tanto, dificulta la financiación. “Consideramos que ya ha habido un avance suficiente en la maduración tecnológica del eólico como para que las primas se puedan reducir”, afirmó Sebastián.
  • Recorte del 40% sobre las condiciones económicas actuales: esto implica que la rentabilizadad de los proyectos ya no queda garantizada, tal como exige la Ley del Sector Eléctrico.
  • La AEE argumenta que, si se instalase la potencia eólica prevista, el empleo en el sector eólico llegaría a 43.000 puestos de trabajo en 2015 y 51.000 en 2020, pero si se aplica la norma propuesta por Industria, se perderá casi la mitad del empleo actual.

Para Industria, sin embargo, la norma supone la continuación de su apuesta por la energía eólica, cuyo contenido dota al sector de un “sistema estable a largo plazo” y mantiene su desarrollo sostenible. Además, se destaca la reducción de cargas administrativas incluidas en la norma, que según sus promotores, está en condiciones de cumplir los objetivos en eólica asumidos por España ante la UE.

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