Parece llamativo que dos Comunidades Autónomas gobernadas por el mismo partido político que se encuentra al frente del gobierno nacional, hayan presentado sendos recursos ante el Tribunal Constitucional de España por la publicación y entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2012, que frena de golpe el desarrollo de las energías renovables en España para el vertido de la electricidad a la red y su retribución a través del régimen especial. A estas dos se une también la Comunidad Canaria, aunque en esta ocasión gobernada por los nacionalistas moderados.
No sería lógico crear un problema interno de primera magnitud, sino más bien estar orquestados dichos recursos con la finalidad posterior del Ministerio de justificar las primas a determinadas energías renovables (tal y como se dejaba la puerta abierta en el Real Decreto Ley, por ejemplo a la biomasa), y penalizar a otras a las que el Gobierno, y principalmente el Ministro, “tiene ganas”, que son todas aquellas cuyo origen directo es el Sol (energía solar fotovoltaica y energía solar termoeléctrica), consiguiendo de esa manera contentar a los Presidentes autonómicos correspondientes y “suavizar” el no crecimiento a la energía solar.
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