El fraude laboral es uno de los caballos de batalla del Ejecutivo. Y es que si a la caída de cotizantes a lo largo de la crisis le sumamos el alza del paro y el aumento de pensionistas, nuestras arcas no pueden permitirse ninguna trampa. Sin embargo, existen otros datos que revelan que, aunque a menor escala, las trampas para ahorrarse la cotización a la Seguridad Social no han desaparecido.
De hecho, se puede localizar en el colectivo autónomo, donde se calcula que hay un millón de actividades fantasma que castigan a los emprendedores, medio millón más que antes de comenzar la crisis, de acuerdo con las estimaciones que maneja la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Aunque estas actividades fantasma se encuentran en todos los sectores, destacan en el servicio de reparación doméstica, en Dependencia.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, recuerda, además, que en nuestro país la economía sumergida «se encuentra en las farolas, la marquesina del autobús, etc.».
Amor lamenta estas prácticas que suponen una «competencia desleal para el trabajador por cuenta propia que paga sus impuestos y, por lo tanto, no puede permitirse ofrecer los mismos precios que quienes se saltan el pago a Hacienda.
Otro de los síntomas que apoya este aumento del trabajo no declarado se encuentra en la población inmigrante. Las remesas que envían los extranjeros a sus países de origen se han recuperado desde el año 2010, al tiempo que la tasa de paro entre la población foránea se encuentra en el 36,53 por ciento.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad San Pablo CEU Rafael Pampillón explica que la remontada de las remesas se puede producir por el trabajo en negro de los inmigrantes.
De hecho, se trata, según el catedrático, de que el colectivo inmigrante es «más flexible» y se encuentra «más necesitado de recursos económicos que los españoles». Ello les lleva a aceptar un peor salario, cambiar de ciudad y de empleo, trabajar más horas e incluso arriesgarse a cobrar en B.
Esto no evita, no obstante, que la diferencia entre afiliados, que pagan la cotización a la Seguridad Social, y ocupados se haya reducido a lo largo del pasado ejercicio. Si el cuarto trimestre de 2011 se cerró con 518.300 cotizantes menos que trabajadores, entre octubre y diciembre de 2012, la diferencia se rebajó hasta 386.900 personas. Con estos datos en la mano, en un principio, habría que celebrar una caída del fraude en el ámbito laboral. Sin embargo, los matices nos muestran otra realidad muy diferente. Para empezar, porque esa reducción se puede deber a la caída tanto de ocupados, que se desaniman ante la imposibilidad de encontrar trabajo, como de afiliados, que son expulsados del Sistema al ser parados de larga duración.
Además, hay que tener en cuenta que se trata de datos que proceden de fuentes diferentes, los de ocupación llegan de la Encuesta de Población Activa (EPA), que es una encuesta, y los de afiliación, de una estadística prodecente de un registro administrativo.
En cualquier caso, la lucha emprendida por el Ejecutivo para acabar con el fraude laboral también empieza a mostrar sus resultados: en 2012 se detectaron un total de 91.470 empleos irregulares, un 12 por ciento más que un año antes, de acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo.
Por sectores, encontramos que algunos son más proclives al fraude. Y la hostelería es uno de ellos, especialmente en los lugares vinculados al ocio nocturno, donde se suele acordar trabajar unas determinadas horas sin declararlo a Hacienda.
En cuanto a las prácticas, la más habitual consiste en contratar a una persona que está cobrando la prestación por desempleo y no darla de alta en la Seguridad Social. De este modo, el empresario se ahorra la cotización del empleado, y éste cobra dos sueldos: el paro y lo que recibe por el trabajo en negro.
Otra páctica que prolifera desde hace tres o cuatro años, y que cada vez se extiende más, es la creación de empresas ficticias para obtener ayudas, subvenciones, etc. El pasado ejercicio, la Tesorería General de la Seguridad Social anuló 730 inscripciones de empresas ficticias, tras detectar 1.559 infracciones, un 170 por ciento más que el año anterior.
Respecto a otros países, los expertos consultados admiten que en el sur de Europa hay una mayor tendencia a arriesgar que en el norte. Y reconocen los sistemas que se emplean en países como Bélgica y Holanda, donde existe la oficina nacional contra el fraude que depende directamente del primer ministro del país.
Fuente: El economista
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