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¿Qué garantías procesales ofrece el derecho civil español?

El Estado español, como país democrático, dispone de un sistema judicial independiente del resto de los poderes y, ante todo, respetuoso con las libertades y los derechos. Estos dos aspectos, precisamente, son asegurados por una serie de mecanismos: las garantías procesales. En este artículo te explicamos en qué consisten, cuáles se contemplan en Derecho civil y de qué forma se preservan.

Qué son las garantías procesales en el derecho civil

Se trata de un conjunto de mecanismos cuya finalidad es asegurar que se cumplen los derechos que la Constitución reconoce a las partes que confrontan en un juicio. Asimismo, se encargan de salvaguardar la independencia del poder judicial, la adecuada labor del juez durante el proceso y el desempeño correcto de la función de los abogados.

Este tipo de garantías tiene un papel indiscutible en cualquier estado democrático, puesto que es la forma más extendida de establecer las bases para un juicio justo. De igual manera, cumple con las directrices de legislaciones supranacionales, como puede ser el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

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Cuáles se establecen las garantías procesales

A continuación, te detallamos las garantías procesales que deben estar presentes en cualquier proceso independientemente de sus circunstancias. Para ello, nos centraremos en los litigios correspondientes al Derecho civil.

Juez predeterminado

La elección del juez que regirá un proceso no debe estar condicionada de manera arbitraria, sino que se nombrará el que corresponda según el orden establecido. Asimismo, se respetarán al máximo los principios de independencia e imparcialidad.

Defensa y asistencia

Todos los ciudadanos tienen derecho a recibir una legítima defensa de manos de un abogado. En caso de que no les fuera posible económicamente, se les debe facilitar uno de oficio.

Proceso público

Salvo en las excepciones previstas por ley, los tribunales están obligados a asegurar que el juicio se realiza de forma pública. Es decir, que las partes preservan su derecho a la publicidad interna (entre los demás participantes en la disputa) y externa.

No dilación

El acusado tiene derecho a ser juzgado en un plazo de tiempo relativamente corto. Sin embargo, se tendrán en cuenta las circunstancias propias del juicio, su naturaleza, los intereses del demandante y los medios disponibles.

Garantías

Ambas partes verán reconocido su derecho de igualdad de armas procesales, de modo que dispongan de los mismos medios de ataque y defensa y puedan utilizar los mecanismos de prueba, alegación e impugnación. A su vez, se contempla el derecho a la imparcialidad judicial (tanto objetiva como subjetiva).

Tampoco debemos olvidarnos del derecho a la inmediación judicial, que asegura que el juez ha tomado su decisión tras haber atendido a las pruebas presentadas por ambas partes y respetando la presunción de inocencia (más adelante te daremos detalles de este último aspecto).

Medios de prueba

Las dos partes confrontadas deben disponer de los mismos mecanismos de prueba para argumentar su posición. De la misma forma, pueden exigir que el juez acepte dicho medio probatorio y que este sea exhibido durante el proceso de forma práctica. 

Retomando la idea anterior, debes saber que en caso de que el tribunal rechace la presentación de una prueba, deberá haber una justificación sólida que, además, esté de acuerdo con la ley. 

Presunción de inocencia

Esta es la principal garantía que tiene un investigado, pues se considera inocente hasta que quede demostrada su culpabilidad. En caso de no existir pruebas que avalen una condena, esta no tendrá la motivación pertinente para ser impuesta. Asimismo, ninguna persona está obligada a demostrar su impunidad hasta que sea imputada.

Otras garantías

De manera adicional, debes saber que existen otras garantías que se reconocen en todo proceso. En primer término, encontramos el derecho de ambas partes a ser asistidas por un intérprete o un traductor si no hablan el idioma en el que se lleve a cabo el proceso. De igual forma, la autodefensa se reconoce de tal forma que puedan prescindir de un abogado si así lo desean.

Por otro lado, si alguno de los confrontados no está satisfecho con el dictamen del juez, tiene la opción de presentar un recurso (siempre y cuando esté sustentado por una motivación coherente). A su vez, tienen derecho a comunicarse con su abogado incluso si permanecen en prisión. 

El derecho a la información pública, por su parte, reconoce que los litigantes tienen derecho a conocer la información pública que esté relacionada con su caso (habiendo presentado una solicitud de acceso a dichos datos). En último lugar, el acusado tiene el derecho innegable a conocer los hechos por los que va a ser juzgado. 

Cómo se aseguran

Un aspecto importante que debes conocer es que, en nuestro país, las garantías constitucionales relativas a los juicios tienen su precedente en la Carta Magna de 1215. Actualmente, la Constitución española las recoge en forma de principio, concretamente el de debido proceso, que se encuentra en el artículo 24.2.

El Tribunal Constitucional es el máximo órgano en la defensa de los derechos que la norma fundamental del Estado reconoce a los participantes en un proceso judicial. Si bien probablemente habrás escuchado que el Tribunal Supremo se encuentra en un nivel superior de jerarquía, la relación entre ambos es de competencia, no de subordinación.

A nivel internacional, los derechos del sistema judicial español están sujetos a los tratados y organizaciones de los que nuestro país forma parte. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puede aceptar recursos elevados desde un proceso nacional y, posteriormente, juzgarlos con total independencia de nuestro sistema.

Por último, conviene mencionar la Convención Europea de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La primera institución dispone de un rango de acción europeo (no solo comunitario) y la segunda, global. Asimismo, reconocen los mismos derechos en el contenido, pero no en la forma. 

Como has podido ver, las garantías procesales son un elemento imprescindible en el sistema judicial español, pero también en el de todo país democrático. En IMF Business School impartimos el máster en abogacía con el que podrás acceder al ejercicio de esta profesión. Si necesitas más información, no dudes en contactarnos. ¡Confía en nuestro prestigio!

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